Voy a seguir

No quiero dejar de coleccionar lo que digan los medios y lo que digamos en otros espacios, sobre la Universidad. Por esta razón, copio esta comunicación de la Profesora Miriam Jimeno.


Por una ley de consenso para las universidades públicas nacionales





Myriam Jimeno

Profesora titular Universidad Nacional de Colombia





Estas semanas dedicadas la discusión en la Universidad Nacional tal vez puedan resultar en propuestas que vayan más allá de la circunstancia pensional. Sería factible interesar a parlamentarios de distintos partidos políticos en una ley que contribuya a fortalecer los recursos de las universidades nacionales destinados a mejoras en la calidad educativa y que al tiempo fije los parámetros para el pago del pasivo pensional.



Una ley de consenso entre partidos sacaría la discusión del cauce estrecho de una agenda política para colocarla en el plano del interés nacional en la educación pública de calidad. Esto contribuiría para que dentro de la Universidad Nacional, y en las otras universidades, el tema pensional pueda debatirse con el rigor y la argumentación sustentada que precisa y quede atrás una preocupante polarización interna.



Podría así sustraérselo de la agitación política de momento, que no ha mermado con la reunión de los cinco rectores de universidades públicas nacionales con el presidente Uribe la semana pasada. No se han calmado los ánimos de los universitarios porque subsisten grandes temores sobre el futuro de la financiación de las universidades públicas. El Presidente y la Ministra de Educación aseguraron que no estará en riesgo la misión educativa de las universidades públicas y que se trata sólo de solventar el pasivo pensional. El problema es que permanece la incertidumbre porque están aún por definir demasiados elementos sustanciales tales como por qué la nación no continúa con su responsabilidad en cuanto a pensiones si la discusión no está aún saldada entre los juristas o cuáles serían las implicaciones de destinar parte del presupuesto al pago pensional.



La ley podría definir los términos de una adecuada solución que no sólo sobrepase la hasta ahora terca animadversión de funcionarios del Ministerio de Hacienda, sino que efectivamente ponga en primer lugar el preservar la equidad social para la cual es vital una educación pública de calidad.